En el año 1999, después de unas elecciones en Austria, se planteó la  posibilidad de participación en el gobierno, de un partido de ultraderecha, neonazi (FPÖ), liderado por el hoy fallecido Jörg Haider. 

Aquel formaría parte de una coalición junto al partido conservador de Wolfgang Schüssel. Y el Primer Ministro, Canciller Federal, sería Haider.

Tal hecho encendió las luces rojas en toda la Unión Europea, cuyos principios políticos son consustanciales al proceso de integración económica. Para pertenecer a ese bloque y gozar de sus ventajas, los países deben ser democráticos y estar vigente en ellos las garantías a los DDHH, aspectos consagrados normativamente, por tanto, de obligatorio cumplimiento.

La reacción institucional comunitaria no se hizo esperar. En un comunicado muy breve se expresó lo que sigue:

"Hoy, lunes 31 de enero, el primer ministro portugués ha informado tanto al presidente como al canciller de Austria, y el ministro portugués de Asuntos Exteriores ha informado a su homólogo austriaco, de la siguiente reacción conjunta acordada por los jefes de Estado y de Gobierno de los XIV Estados miembros de la Unión en el caso de que se forme en Austria un Gobierno que integre al FPÖ [Partido Liberal].

Los Gobiernos de los XIV Estados miembros no promoverán o aceptarán ningún contacto bilateral oficial a nivel político con un Gobierno de Austria que integre al FPÖ.

No habrá ningún apoyo en favor de los candidatos austríacos que opten a puestos en organizaciones internacionales.

Los embajadores de Austria en las capitales de la UE sólo serán recibidos en un nivel técnico.

El primer ministro de Portugal y el ministro de Asuntos Exteriores ya han informado a las autoridades de Austria de que no habrá un trato normal en las relaciones bilaterales con un Gobierno que integre al FPÖ".

Bastó y sobró ese pronunciamiento escueto pero contundente para que en Austria no accediera al poder el señor Haider y sus conmilitones, a pesar de que el resultado electoral lo avalaba.

Como se supo luego, la nota había sido ideada por el primer ministro portugués, Antonio Guterres y el jefe del Gobierno español, Jose M. Aznar. Dos líderes europeos, un socialdemócrata y  el otro de un partido de centro.

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Louis Michel, había calificado a Haider, de  "político peligroso", "tiene ideas completamente fascistas, repletas de odio, y xenofobia, que disimula bajo un barniz democrático".

Fue un ejemplo claro de aplicación de la Cláusula democrática.

En nuestro patio americano, y dieciséis años después, se ha planteado la misma “medicina” para el gobierno autoritario de Venezuela, que no sólo ganó varias elecciones sino que ha gobernado más de tres lustros desnaturalizando la institucionalidad democrática y violando los derechos humanos de los opositores al régimen político.

En la OEA se activó la Carta Democrática contra el gobierno de Maduro, pero  hasta ahora no ha habido ninguna sanción. En la práctica, se está esperando los resultados del eventual diálogo entre las partes terciado por los ex presidentes designados por UNASUR.

No obstante, en Mercosur pareciera que otro es el ritmo que lleva el caso Venezuela, desencadenado por el tema del traspaso de la presidencia rotativa, que 3 países de 4, se niegan a entregar a gobierno de Maduro.

La razón que más se ha esgrimido es la condición antidemocrática de aquel, en lo que no se equivocan. Tres presidentes y sus cancilleres han sido muy francos al respecto. Un país que persigue a opositores y tiene presos políticos no puede ser considerado como democrático, sin mencionar otros incumplimientos de la normativa mercosuriana.

Como hemos visto, por menos de eso, por sólo sospechas de que podía conducirse autoritariamente, el neonazi Haider fue impedido de ser Primer Ministro en Austria. Las instituciones comunitarias de Europa funcionaron para preservar los principios políticos democráticos que la inspiran, tomando las medidas de presión que fueren necesarias.

¿Qué harán ahora los gobiernos de los países de Mercosur ante un gobierno dictatorial militarista, que ha eliminado la autonomía de los poderes públicos, que persigue a la oposición política, que encarcela violando los derechos humanos, y que de paso, ha destruido la economía del país, condenando a la población a una penuria y angustia nunca vistas?

¿Seguirá el ejemplo de la Unión Europea comentado? ¿Aplicará la cláusula democrática contenida en los protocolos de Ushuaia en la reunión del 23 de este mes? ¿El gobierno uruguayo asumirá un compromiso con la democracia y la libertad en Suramérica?

EMILIO NOUEL V.