Entre las reacciones del Estado Tirano ante las sanciones del Departamento del Tesoro al Vicepresidente de la República, sobresalió la del Diputado chavista Germán Ferrer pidiendo “analizar” esas acusaciones, a quien se le unió Delcy, vociferando, “es una infamia y una grotesca mentira contra un venezolano decente”, poniendo sobre el tapete, por boca del esposo de la Fiscal General de la República, el oscurantismo del Ministerio Público absolviendo camaradas y lanzando adversarios políticos a las hordas tribunalicias, nada más parecido al exterminio que originó la festividad durante la cual se produjeron estas circunstancias con epicentro en Washington, la Masacre de San Valentín.

El pedimento de German Ferrer llevaría implícito un efecto evasivo, de protección, ante una eventual acción penal de “la derecha apátrida”, mecanismo surgido en el campo político, y que él, como esposo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, habría hecho un modus vivendi brindando protección desde la Fiscalía General, pues facilitaría la evasión de responsabilidad penal a quienes urden infamias y grotescas mentiras contra adversarios políticos, como a los camaradas incursos en actos de corrupción u otros delitos graves. En el caso del Vicepresidente, el objetivo del pedido de Ferrer no sería otro que protegerlo de la supuesta “Infamia” imperialista, que ofrecería en tono de controversia.

Infamias y grotescas mentiras son las que forjarían Fiscales del Ministerio Público en expedientes prefabricados instruidos a líderes opositores como Kamel Salame, el dirigente político y empresario yaracuyano encausado penalmente a petición del Gobernador de Yaracuy, Julio César León Heredia, que imitando al difunto, no se contentó con meterlo preso sino que públicamente dictaminó que este ciudadano era narcotraficante y, como tal, debía recaer sobre él todo el peso de la ley, razón por la cual la Fiscal General consentiría en exponerlo al escarnio público desde el portal web de la Fiscalía vinculándolo al tráfico de drogas, facilitándole así al mandatario regional quedarse con todos sus bienes muebles e inmuebles. Cualquiera diría que se trata de mera complicidad, lo cual sería cierto, pero no del todo acertado.

Acciones siniestras como la del Gobernador de Yaracuy en contra de Kamel Salame, según un ex alto funcionario de la gobernación yaracuyana, serían posibles gracias a compensaciones económicas por “favores fiscales” que incluirían “protección, persecución y evasión penal”. En el caso de Salame, la Gobernación de Yaracuy habría desembolsado a Fundación Anros, presidida por German Ferrer, grandes sumas de dinero a cambio de mantenerlo tras las rejas, así como para proteger al gobernador León Heredia de denuncias que lo vinculan con el presunto narcotraficante Walid Makled, grave señalamiento que pareciera no ser mentira, pues la Dra. Luisa Ortega Díaz solicitó a la Sala Plena del TSJ la desestimación de esa denuncia, la cual Desestimó infundadamente.

El aparente compromiso de Luisa Ortega Díaz con Julio César León Heredia, que adquiriría por intermedio de su esposo, German Ferrer, según un patrón que se repetiría en otras gobernaciones, sería de tal magnitud, que cuando el Ministerio Público hubo de reconocer ante el TSJ que Kamel Salame no estaba vinculado con el narcotráfico, luego de una titánica presión y profesional descargo en contrario hechos por sus defensores, su despacho fiscal hizo caso omiso de los efectos derivados de la develación de su funesto proceder. Eso no debe sorprendernos, en la administración pública solo vale la lealtad al proceso, si esta va acompañada de compensaciones económicas, como las que activarían el presunto mecanismo fiscal de persecución y evasión penal, supuestamente viabilizadas a través de Fundación Anros, en ese escenario las infamias y grotescas mentiras urdidas por el Ministerio Público seguirán siendo corolario de violaciones de Derechos Humanos del narcoestado, que en estos momentos apela a esos términos como queriendo proscribir ilícitos que lo acusan desde hace años.