Obama habría frenado actuaciones contra El Aissami y Cabello para no perjudicar el diálogo

Donald Trump ha decidido emprender una política de mano dura con Venezuela, después de los largos meses invertidos al final de la era Obama para intentar propiciar un diálogo que solo ha beneficiado al chavismo. El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Tareck el Aissami, elevado en enero a número dos del régimen por Nicolás Maduro, de «jugar un significativo papel en el tráfico internacional de narcóticos» y ha bloqueado los bienes que, indirectamente, poseía en Miami, entre ellos un avión privado de ocho plazas.

El Tesoro estadounidense anunció el lunes por la noche la inclusión de El Aissami, vicepresidente ejecutivo de Venezuela, y de su testaferro, Samark López Bello, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). En ella figuran personas a quienes Estados Unidos considera delincuentes internacionales, contra quienes se activa un bloqueo de los bienes que puedan tener en el país. En el caso de El Aissami y López Bello se invoca la ley contra capos extranjeros del narcotráfico. Expertos sobre este tipo de actuaciones advierten que es algo muy singular que en la lista de la OFAC se haya incluido al vicepresidente de un país.

Se trata de una acción administrativa, no judicial, pero es probable que la información recogida en «una investigación de varios años», como la calificó el comunicado del Tesoro, haya servido también para una acusación formal por parte de la Fiscalía estadounidense. De existir, esa imputación se mantendría sellada, sin darse a conocer públicamente, en espera de una futura detención.

Todo indica, además, que la Administración Obama habría aparcado actuaciones contra El Aissami o igualmente contra Diosdado Cabello, asimismo investigado en Estados Unidos por narcotráfico, para no perjudicar el diálogo que el Departamento de Estado, a través del subsecretario Thomas Shannon, venía propiciando para un acercamiento entre el Gobierno y la oposición en Venezuela. Dirigentes opositores han denunciado que esas conversaciones solo sirvieron para que Maduro ganara tiempo y venciera el plazo para la convocatoria de un referéndum revocatorio.

Ya desde el periodo de transición presidencial Trump mostró interés por la situación en Venezuela, y ha tratado sobre el asunto en sus conversaciones telefónicas con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el de Colombia, Juan Manuel Santos.

El Aissami es la autoridad venezolana de mayor rango que se ve denunciada formalmente en Estados Unidos. Pero en los últimos dos años también el entorno personal de Nicolás Maduro se ha visto relacionado con el narcotráfico (dos sobrinos suyos esperan sentencia en Manhattan), y el actual ministro del Interior, el general Néstor Reverol, está imputado por lo mismo por un tribunal neoyorquino. La afectación de instancias tan altas permitiría caracterizar a Venezuela como un narcoestado.

Aunque la declaración del Tesoro se limita a acusar a El Aissami de narcotráfico, el dirigente chavista, hijo de inmigrantes de origen sirio-libanés, ha sido vinculado por diversas investigaciones con la organización extremista chií Hizbolá, a la que habría auxiliado con la entrega de pasaportes venezolanos cuando estuvo al frente del Ministerio de Justicia e Interior.

Precisamente esa conexión fue destacada en una carta que una treintena de congresistas estadounidenses enviaron la semana pasada a Trump. En ella se manifestaban «particularmente preocupados» por el nombramiento de El Aissami como vicepresidente de Venezuela, por sus «vínculos con la corrupción, el tráfico de droga y la influencia de organizaciones terroristas». Los congresistas pedían a Trump que aprobara sanciones contra quienes están aprovechando la crisis humanitaria que padece Venezuela para enriquecerse.

En 2014 el presidente Obama aplicó unas primeras sanciones contra varios cargos intermedios que habían participado en la represión de masivas manifestaciones que hubo en Venezuela a comienzos de ese año. Sin embargo, su Administración no llegó a actuar contra las primeras figuras del chavismo.

En su comunicado, el Tesoro asegura que El Aissami «facilitó envíos de narcóticos desde Venezuela, controló aviones que salieron con cargamentos de droga desde una base aérea militar, y controló rutas de narcotráfico a través de puertos venezolanos». Añade que «en múltiples ocasiones supervisó envíos de más de una tonelada de droga, con destino a México y Estados Unidos».

Además «ayudó, coordinó y protegió» otros narcotraficantes que operaban en Venezuela. En concreto, tuvo una vinculación inicial con el capo Walid Makled, figura principal del narcotráfico venezolano hasta que algunos de los altos militares que cooperaban con él se erigieron en el llamado Cartel de los Soles y le desplazaron. Ese pulso entre los militares apadrinados por Hugo Chávez y Makled forzó la huida de este del país. Cuando fue detenido en 2009 en Colombia, Makled denunció a diversas figuras del chavismo, entre ellas El Aissami.

De acuerdo con el Tesoro, El Aissami también coordinó envíos de droga con el cartel mexicano de Los Zetas, y proveyó protección a las organizaciones del capo colombiano Daniel Barrera y del traficante venezolano Hermagoras González. Los líderes de esos tres grupos ya fueron incluidos en la lista de la OFAC por narcotráfico entre 2008 y 2010.

Por lo que se refiere a Samark López Bello, el Tesoro asegura que se trata del testaferro de El Aissami, a quien este utilizaba para el blanqueo del dinero obtenido por la venta de la droga. Así, López Bello era el encargado de comprar activos y de manejar los asuntos económicos y financieros del hoy vicepresidente venezolano, «generando significativas ganancias como resultado de actividades ilegales que beneficiaban a El Aissami».

López Bello controlaba una red de empresas de diversos sectores –petróleo, distribución de alimentos, ingeniería y telecomunicaciones–, así como activos de compañías. El Tesoro incluye en su listado hasta trece de las empresas gestionadas por el testaferro. Las cinco que tienen su sede en Miami han sido bloqueadas, mientras que habrá sanciones para aquellos individuos o sociedades que traten con las otras siete: cuatro con sede en Venezuela, una en Panamá, otra en Islas Vírgenes y otra en el Reino Unido. Varias de las empresas venezolanas han sido contratistas de servicios del Estado. También ha quedado bloqueado en Estados Unidos un avión ejecutivo con capacidad para ocho pasajeros.

EMILI J. BLASCO vía ABC